Resolución de 29 de abril de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, por el que aprueba el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
El Consejo de Ministros aprobó el martes 27 de abril el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española, que envía hoy a Bruselas para su evaluación, tras haber sido presentado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 14 de abril en el Congreso de los Diputados.
El Plan recoge las inversiones y reformas que necesita la economía española con una concentración importante en los ámbitos de la transformación verde y digital. El objetivo del Gobierno es lograr una sociedad más justa y una economía más resiliente.
España accederá a un total de 140.000 millones de euros entre 2021 y 2026, de los cuales 70.000 millones serán en forma de transferencias.
A juicio del presidente del Gobierno, los Fondos #NextGenerationEU y la estrategia de vacunación masiva son clave para recuperar la economía y reforzar el modelo de bienestar.
El día 30 de abril se publicó la Resolución de 29 de abril de 2021, de la Subsecretaría de Asuntos Económicos y Transformación Digital, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, por el que aprueba el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
La publicación responde al compromiso con Bruselas asumido tras haberse dictado el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. El artículo 17 de esta norma señalaba:
«Los Estados miembros elaborarán planes de recuperación y resiliencia nacionales para alcanzar los objetivos establecidos en el artículo 4. En dichos planes se establecerá el programa de reformas e inversiones del Estado miembro de que se trate. Los planes de recuperación y resiliencia que pueden optar a la financiación con arreglo al Mecanismo incluirán un conjunto de medidas coherente y exhaustivo de medidas de ejecución de las reformas y de inversión pública, que podrá incluir también programas públicos destinados a incentivar la inversión».
A lo anterior, el artículo 18 del Reglamento añade que los obligaba a los Estados miembros a adoptar su propio plan, «a más tardar, el 30 de abril».
En suma, dichos Estados debían presentar planes nacionales de recuperación y resiliencia que definieran programas de actuación para intensificar el potencial de crecimiento, la creación de empleo y la resiliencia económica y social, así como acelerar las transiciones ecológica y digital. Se trata de un requisito imprescindible para acceder a la financiación Next Generation EU por importe de 500.000 millones de euros en los próximos seis años, complementada con otros 12.400 millones de euros procedentes de REACT-EU y otras cantidades procedentes de los fondos estructurales.
El Plan español cumple con los seis pilares establecidos por el Reglamento europeo, articulados alrededor de cuatro ejes principales: la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género.
Los cuatro ejes de trabajo se desarrollan a través de diez políticas palanca, una de las cuales conduce directamente a la reforma de nuestro mercado laboral: «8. Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo».
Respecto de esta política 8, señala el Plan que «la mejora del funcionamiento del mercado laboral español es un objetivo crucial para el bienestar económico y social. Es preciso abordar mediante el diálogo social un conjunto de reformas que aborden la dualidad y resuelvan los desequilibrios arrastrados del pasado».
A su vez, esas políticas palanca integran treinta componentes o líneas de acción, que «articulan de forma coherente y complementaria las diferentes iniciativas tractoras prioritarias de reforma estructural, tanto de tipo regulatorio como de impulso a la inversión, para contribuir a alcanzar los objetivos generales del Plan». Y entre dichos componentes o líneas de acción, los vinculados de forma más estrecha con el ámbito laboral son los siguientes:
— 20. Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional.
— 23. Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo.
En la redacción del citado componente 23, en el que nos centraremos, se expresa que el mercado laboral español arrastra desde hace dos décadas importantes desequilibrios que agravan los ciclos económicos, lastran los aumentos de productividad, aumentan la precariedad y profundizan las brechas sociales, territoriales y de género, perpetuando la desigualdad.
Continúa señalando que la elevada tasa de desempleo estructural y de paro juvenil, la excesiva temporalidad y rotación de contratos, la baja tasa de ocupación y la persistente brecha de género resultan en una baja inversión en capital humano, una baja productividad y una elevada desigualdad económica y social.
A estos retos estructurales se añade la actual caída de la actividad derivada de la emergencia sanitaria, que está acelerando cambios importantes en el ámbito laboral, que hacen necesario abordar algunos de los problemas arrastrados del pasado.
Este componente impulsará la reforma del mercado laboral español para adecuarlo a la realidad y necesidades actuales, de manera que permita corregir las debilidades estructurales. Se indica expresamente que la reforma debe ser abordada en el marco del diálogo social, orientada a reducir el desempleo estructural y el paro juvenil, corregir la dualidad, mejorar el capital humano, modernizar la negociación colectiva y aumentar la eficiencia de las políticas públicas de empleo.
En este sentido, también indica el Plan que el buen funcionamiento del mercado de trabajo es clave, y que obligará a reformas sobre negociación colectiva, refuerzo del reskilling (es decir, el reciclaje profesional de las personas trabajadoras, fundamentalmente asociado a la digitalización de las empresas) y upskilling (llamada en algunos foros capacitación adicional, y que consiste en formar a la persona trabajadora en otros ámbitos que la ayuden a desarrollar mejor las tareas de su puesto de trabajo) y promover el empleo juvenil.
En relación con este último aspecto, en otras partes del Plan se cita la Garantía Juvenil Plus, orientada a fomentar un empleo juvenil de calidad. Dada la urgencia de responder a este reto, se trabaja en un Plan de choque contra el desempleo juvenil que permita impulsar, en este mismo ejercicio, las capacidades digitales, promover un sistema de micro-certificaciones para facilitar la empleabilidad y desplegar importantes bonificaciones y ayudas para los contratos de formación.
Se prevé también el establecimiento de un mecanismo permanente de flexibilidad interna de las empresas alternativo al despido, reforzando la inversión en formación y recualificación y la prioridad de la reducción de jornada y suspensión de contrato.
También consta en el Plan el despliegue de políticas que impulsen la inclusión laboral de los hogares más vulnerables.
En materia de igualdad de género, es preciso reducir las barreras estructurales que lastran el acceso de las mujeres al mercado laboral en igualdad de condiciones, elevar la tasa de ocupación femenina y facilitar el empleo y el emprendimiento de mujeres en áreas urbanas y rurales, entre otras acciones.
Además, se dará un impulso a las políticas activas de empleo, orientándolas a la capacitación de los trabajadores en las áreas que demandan las transformaciones que requiere nuestra economía.
Por último, la digitalización del SEPE será una importante reforma, que contribuirá a la modernización y eficiencia de los servicios de empleo. Esta inversión se recoge en el componente 11.
Para este componente se estima una inversión total de 2.363 millones de euros.
En semanas anteriores hemos analizado gran parte de las implicaciones laborales de este plan de reformas (efectos en los convenios colectivos, restricciones a la subcontratación, simplificación de las modalidades contractuales, futuro de las pensiones, etc.), que se materializarán en los próximos meses partiendo del calendario de negociación con los agentes sociales presentado por el propio Gobierno. Recordemos los siguientes pasos:
— En una primera fase, se negociará la «contrarreforma» laboral y los límites a la subcontratación.
— A continuación, otras reformas en materia laboral para mejorar la estabilidad en el empleo y simplificar las modalidades de contratación.
— En último lugar, la modificación de las políticas activas de empleo.
La negociación de estos tres extremos se está produciendo en paralelo, si bien el citado será el orden de presentación de las diversas medidas.
PLAN:
Source: Actualidad normativa
