El pasado día 26 de mayo de 2022 se publicaba en el BOE el Acuerdo por el que se aprueba el plan de medidas de ahorro y eficiencia energética de la Administración General del Estado y las entidades del sector público institucional estatal dirigidas a la modificación de los hábitos de consumo de un elevado número de personas, lo que requiere que las mismas vayan acompañadas de medidas de acompañamiento, como formación y campañas de información y concienciación.
La implantación de este Plan de Medidas por parte del sector público estatal debe su razón de ser al papel que le corresponde jugar en materia de responsabilidad social, asegurando su rol como motor e impulsor de un enfoque y una filosofía de responsabilidad social, en el convencimiento de que un compromiso con la responsabilidad social en materia energética mejorará la confianza de la ciudadanía, lo que a su vez podrá impulsar un desarrollo sostenible.
Las medidas se encuadran en tres grandes bloques:
Racionalización del uso de edificios administrativos y de sus instalaciones.
Facilitación de la prestación de los servicios públicos por las empleadas y empleados públicos mediante diferentes fórmulas organizativas que garanticen plenamente la atención a la ciudadanía y
Medidas formativas y de sensibilización.
Medidas para la racionalización del uso de edificios administrativos y de sus instalaciones
Dentro de este paquete de medidas se destaca en primer lugar, el establecimiento de horarios de encendido y apagado de las instalaciones consumidoras de energía.
Para su implantación será preciso llevar a cabo una serie de actuaciones encaminadas a realizar los ajustes necesarios en el horario de encendido y apagado de las instalaciones de climatización, de iluminación, y sistemas de ofimática por zonas, para ajustarlo a los horarios de uso; utilizar al máximo de los sistemas de ahorro energético mediante los sistemas de free-cooling con ventilación natural o forzada; ajustar la disponibilidad de ascensores en función del grado de ocupación del edificio; adecuar, lo máximo posible, los horarios de iluminación y ventilación de aparcamientos, almacenes o zonas de ocupación no permanente; o revisar las potencias contratadas en los edificios administrativos de acuerdo con las demandas punta de consumo.
La segunda de las medidas que incluye este paquete para la racionalización del uso de edificios administrativos y de sus instalaciones se refiere a la optimización del uso de los edificios del sector público.
En tales casos, serán los departamentos ministeriales y las entidades del sector público estatal quienes impulsarán medidas que permitan la racionalización del uso de los edificios. Para ello, se analizarán las medidas necesarias que permitan que los servicios que prestan los empleados y empleadas públicos en régimen de jornada de tarde se concentren en tres días a la semana.
Otras de las medidas imprescindibles es el control de las condiciones de temperatura para reducir el consumo de energía en locales climatizados limitando las temperaturas, no superando los 19.ºC cuando sea necesario utilizar calefacción ni estando por debajo de los 27.ºC cuando sea necesario refrigerar, cuando para ello se requiera consumo de energía convencional, siempre que sea posible técnicamente.
Se impulsará la implementación de sistemas que permitan incorporar el control de temperaturas, de acuerdo con lo regulado en la IT 3.8 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).
Además, se prevé un despliegue masivo de instalaciones de autoconsumo y para ello se articulará un sistema de identificación de ubicaciones en los edificios e infraestructuras de la Administración General del Estado y el sector público institucional estatal para iniciar los procedimientos que permitan albergar instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo e instalación de los primeros 50 MW en 202.
Se implantará igualmente un sistema de control del alumbrado exterior que regule los horarios de encendido y apagado y del nivel luminoso del alumbrado exterior de edificios, infraestructuras y carreteras (incluyendo túneles) dependientes de la Administración General del Estado y el sector público institucional estatal.
Además, en relación al uso de consumibles, se llevará a cabo un seguimiento del uso de papel, plásticos y consumibles utilizados a diario en todas las oficinas administrativas y su repercusión en el consumo de energía, materias primas y agua.
En materia de contratación se procurarán mecanismos que supongan ahorros en materia energética, en los siguientes ámbitos:
De obras y gestión patrimonial.
En la adquisición de equipamiento.
En la renovación de flotas y vehículos.
En la contratación de servicios: criterios de eficiencia energética en mantenimiento.
Facilitación de la prestación de los servicios públicos por las empleadas y empleados públicos mediante diferentes fórmulas organizativas que garanticen plenamente la atención a la ciudadanía:
En primer término, se destaca que el Ministerio de Hacienda y Función Pública, reforzará la atención presencial en las oficinas de la Administración General del Estado y del sector público institucional estatal en las que será preferente la atención a las personas mayores de 65 años, sin necesidad de cita previa, mediante la elaboración de Planes de refuerzo de la atención presencial.
Asimismo, se establecerán mecanismos de seguimiento destinados a facilitar la atención presencial a personas afectadas por la brecha digital.
Se implantarán medidas de un sistema de trabajo a distancia para reducir el impacto energético y que posibilite la reducción de desplazamientos, con el consiguiente ahorro energético, así como la reducción significativa de los consumos en los centros de trabajo, en especial de climatización, equipos, iluminación, etc. La modalidad de prestación del servicio a distancia requerirá que las funciones de los puestos de trabajo puedan ser desempeñadas a distancia y que los puestos sean declarados como tales por las subsecretarías de los departamentos ministeriales u órganos equivalentes de las entidades del sector público institucional estatal.
Se promoverá el uso del transporte colectivo y sostenible medioambientalmente. Para ello se implantarán medidas tales como establecer aparcamientos seguros de bicicleta o el establecimiento de rutas de transporte colectivo impulsando los Planes de Traslado como actuaciones destinadas a incentivar que los empleados y empleadas públicos modifiquen sus hábitos de movilidad a gran escala.
Medidas de formación y sensibilización:
Como medidas de formación se promoverá la utilización eficiente de la energía en la oficina y en la movilidad mediante la realización de cursos de formación e-learning.
Asimismo, se establecerán mecanismos de información y sensibilización a las empleadas y los empleados públicos sobre el ahorro de energía en su puesto de trabajo. En tales casos, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Instituto para la Diversificación de la Energía (IDAE) realizará periódicamente actuaciones de comunicación para sensibilizar e informar sobre el ahorro energético, con el fin de lograr cambios de comportamiento de los empleados y empleadas públicos en relación con el uso de la energía en el trabajo y su movilidad al puesto de trabajo.
Además, se implantarán medidas sobre los consumos indirectos de energía, a través del seguimiento del uso en las oficinas administrativas de papel, plásticos y consumibles usados a diario en todas las oficinas administrativas tanto de energía y materias primas como de agua, que permitan establecer medidas sobre los consumos indirectos de energía.
Por último, destacamos que la aplicación de todas estas medidas en cada centro de trabajo deberá ser objeto de diálogo y/o negociación con la representación de los trabajadores para incorporar las adaptaciones necesarias.
