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Plan Anual de Política de Empleo para 2018

Resolución de 28 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 27 de marzo de 2018 por el que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2018, según lo establecido en el artículo 11.2 del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre.

El Plan Anual de Política de Empleo 2018, según lo previsto en el artículo 11 del texto refundido de la Ley de Empleo, establece los objetivos a alcanzar en este año en el conjunto de España y en cada una de las distintas Comunidades Autónomas, así como los indicadores que se van a utilizar para valorar su grado de consecución. De esta manera, el Plan Anual de Política de Empleo se configura como un instrumento de evaluación de los servicios y programas de políticas activas de empleo desarrolladas por el Servicio Público de Empleo Estatal y las Comunidades Autónomas.

Asimismo, para alcanzar los objetivos señalados, el Plan Anual de Política de Empleo 2018 contiene los servicios y programas de políticas activas de empleo e intermediación laboral que van a llevar a cabo las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias de ejecución de las políticas activas y el Servicio Público de Empleo Estatal en ejecución de la reserva de crédito establecida en su presupuesto de gastos.

En la actual situación del mercado de trabajo es necesario continuar con la mejora de la coordinación entre las distintas Administraciones implicadas en la realización de los servicios y programas de políticas activas de empleo, de cara a conseguir una eficaz utilización de los recursos destinados a facilitar la inserción laboral de los trabajadores desempleados, en particular las mujeres y aquellos grupos que tienen mayores dificultades de inserción, en el mercado laboral a la par que una mayor eficiencia en el uso de los mismos.

En un contexto de colaboración entre los Servicios Públicos de Empleo, las Comunidades Autónomas determinan los servicios y programas que van a desarrollar con cargo a los fondos distribuidos por el Servicio Público de Empleo Estatal de acuerdo con los criterios acordados en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, para su inclusión en el Plan 2018.

Pueden optar por realizar servicios y programas de ámbito estatal regulados en la normativa estatal vigente (servicios y programas comunes) o bien realizar servicios y programas de políticas activas de empleo propias, distintos de los anteriores, adaptados a la realidad de las personas desempleadas y del tejido productivo de su ámbito territorial.

En el Plan 2018 se incluyen los servicios de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo, aprobada por el Real Decreto 7/2015, de 16 de enero, como servicios comunes en este Plan.

El Plan Anual de Política de Empleo 2018 se enmarca en un período en el que se han confirmado y acentuado los signos de recuperación del mercado de trabajo que se habían apreciado en 2014, por primera vez desde el inicio de la crisis. En el período 2014-2016 tuvo lugar un cambio de tendencia en el mercado de trabajo en España, y por primera vez desde el comienzo de la crisis y de forma continuada, se redujo el paro registrado y aumentaron la contratación y la afiliación a la Seguridad Social, hechos que coinciden con las estimaciones de la Encuesta de Población Activa (EPA), que también reflejan aumentos en la ocupación y reducción del paro. A lo largo del año 2017 todas esas tendencias se han mantenido y se están confirmando en los primeros meses de 2018.

Este Plan se enmarca en un contexto más amplio de reformas en el que se incluyen el Programa de Estabilidad 2017-2020 y el Programa Nacional de Reformas 2017, aprobados en el Consejo de Ministros del 28 de abril de 2017. Todos los Estados miembros de la Unión Europea tienen que presentar ante la Comisión Europea sus Programas Nacionales de Reformas (PNR) y sus Programas de Estabilidad. El objetivo de este ejercicio es coordinar las políticas económicas nacionales y lograr los objetivos establecidos para la Unión Europea en su conjunto.

Según el Programa de Estabilidad, la economía española mantendrá un ritmo de crecimiento medio del 2,5 por 100 en los próximos cuatro años y se crearán un total de más de 1,8 millones de empleos, hasta alcanzar prácticamente los veinte millones de ocupados en 2019, junto con una disminución del paro en similar cuantía. Se trata de previsiones prudentes y realistas que sustentan y hacen creíble la senda de reducción del déficit público que sitúa el desequilibrio fiscal por debajo del 3 por 100 el año próximo, en el 1,3 por 100 del PIB en 2019 y del 0,5% para 2020.

La Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-2020, en el punto dedicado a los elementos de planificación anual, establece que los Planes Anuales de Activación para el Empleo se confeccionarán durante la parte final del año anterior a su entrada en vigor, y se presentarán a la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales también a finales del año anterior.

De acuerdo con la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-2020, los servicios y programas que desarrollen los Servicios Públicos de Empleo deberán dirigirse al cumplimiento de los cinco objetivos estratégicos que son los siguientes:

A. Promover la activación y mejora de la empleabilidad de los jóvenes, con especial atención a los que presentan mayores deficiencias de formación y riesgo de precariedad laboral, mediante instrumentos como la Garantía Juvenil y la coordinación con el sistema educativo.

B. Potenciar el empleo como principal instrumento de inclusión social, mejorando de manera prioritaria la activación e inserción de los desempleados de larga duración y los mayores de 55 años.

C. Promover, de acuerdo con las necesidades identificadas en los diagnósticos personalizados y con las necesidades del sistema productivo, una oferta formativa dirigida a un mercado laboral cambiante, ajustando mejor las competencias y facilitando las transiciones laborales.

D. Mejorar el desempeño de los servicios públicos de empleo modernizando los instrumentos del Sistema Nacional de Empleo.

E. Abordar las políticas de activación desde una perspectiva holística que tenga en cuenta sus dimensiones sectorial y local, y estableciendo marcos de colaboración con empleadores, interlocutores sociales y otros agentes públicos y privados.

Asimismo, como en años anteriores, el PAPE 2018 incluye los Objetivos Estructurales establecidos en la Estrategia, agrupados en 6 ejes, cuyo grado de cumplimiento se evaluará mediante un conjunto de 18 indicadores formados por 27 componentes.

En total, teniendo en cuenta los tres bloques de objetivos, el PAPE 2018 consta de 27 indicadores y 44 componentes, cuyo cálculo se llevará a cabo a partir de la información y los datos obtenidos principalmente del Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE). Estos indicadores se han elaborado contando con la participación activa de las CCAA, con rigor técnico y transparencia.

En las Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales celebrada el 26 de julio de 2017 se dio inicio a la confección del Plan Anual de Política de Empleo para 2018, y se presentó su texto a esa misma Conferencia Sectorial celebrada el pasado 21 de diciembre. De esa forma, por primera vez, se dio cumplimiento a la previsión de que los PAPE se informaran en Conferencia Sectorial con carácter previo a la entrada en vigor de su periodo de ejecución.

Por último, debe señalarse que, como es de obligado trámite, en la reunión de 20 de marzo de 2018 se ha informado del mencionado Plan al Consejo General del Sistema Nacional de Empleo.

Con todo ello se cumple lo dispuesto en el artículo 11.2 del texto refundido de la Ley de Empleo.

De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional trigésima sexta de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, sobre limitación del gasto en la Administración General del Estado, las acciones y medidas contempladas en este Plan Anual se implantarán sin incremento en las dotaciones, ni en las retribuciones u otros costes de personal de la Administración General del Estado. Por otro lado, las actuaciones de cualquier Servicio Público de Empleo que incidan en su personal se ajustarán a las normas básicas sobre gastos de personal que sean de aplicación.

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