El Consejo General del Notariado ha propuesto la mediación como la vía más adecuada para resolver los conflictos entre particulares y empresas y para liberar a los juzgados y tribunales carga de trabajo, ya que la mediación contribuye a reducir los tiempos de resolución de conflictos de nueve meses de media a tan solo unas pocas semanas.
Aunque la mediación es aún un método poco utilizado, los notarios han indicado que cada vez son más españoles los que recurren a ella por sus ventajas: rapidez, porque se puede aplicar a todo tipo de controversias entre particulares y empresas o porque es más económica que el procedimiento judicial.
Por otro lado, esta medida permite descongestionar los tribunales, ya que, por ejemplo, en 2017 la tasa de litigiosidad en España se situó en 126 pleitos por cada 1.000 habitantes, es decir, cerca de 6 millones de casos. Además, el Consejo General del Poder Judicial muestra que en 2017 un caso tardó 4,8 meses en resolverse en primera instancia y 4,1 en segunda instancia.
La mediación permite descongestionar los tribunales. En el año 2017, la tasa de litigiosidad en España se situó en 126 pleitos por cada 1.000 habitantes, lo que representa cerca de 6 millones de casos. Los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) muestran que en 2017 un asunto tardó en resolverse 4,8 meses de media en primera instancia y 4,1 meses en segunda instancia. En el caso del Tribunal Supremo (TS) el plazo medio es de 14,1 meses para resolver un litigio. Por jurisdicciones, los órganos judiciales que presentan tiempos de resolución más prolongados son los de lo contencioso administrativo, donde se tarda de media 10 meses en lograr una respuesta judicial. En la jurisdicción civil, lo que más llama la atención es la evolución de los juzgados mercantiles, que desde el año 2011 han visto cómo la duración de los asuntos crecía desde los 28,2 meses de media de ese año hasta los 49 meses que se registraron en 2017.
En el caso del Tribunal Supremo el plazo medio de resolución de asuntos es de 14,1 meses y los casos que presentan tiempos de resolución más prolongados son los administrativos, con una media de 10 meses en lograr respuesta judicial.
Qué es la mediación
El mediador es el encargado de encontrar una solución dialogada y aceptada por ambas partes.
Se trata de un proceso voluntario. Si se inicia unilateralmente, la parte que desea optar por ella deberá invitar a la otra formalmente, mediante un centro de mediación o notario mediador.
Fases
– la sesión informativa, donde el mediador informa del proceso y ambas partes firman el acuerdo de confidencialidad
– el proceso de mediación, donde el mediador convoca a las partes y crea un espacio de diálogo para tener una visión conjunta
– el acuerdo de mediación, donde el notario identifica los temas que les preocupan y trabaja con las partes y con sus abogados, si los hubiese, en la búsqueda de nuevos entendimientos.
El notario podrá plantear una sesión individual, para detectar temas subyacentes que no se expusieron durante la primera sesión. El mediador no podrá revelar sin autorización esta información posteriormente en las sesiones conjuntas, pero tras esta reunión podrá dirigir el diálogo de forma más provechosa. Por último, se convocarán tantos encuentros como sean necesarios para la búsqueda de posibles alternativas de consenso para cada uno de los temas en disputa. El mediador redactará un acta de cada sesión.
Si, como es de esperar, las partes alcanzan un acuerdo, el mediador redactará el acta final donde reflejará de forma clara y comprensible los pactos alcanzados y que deberá ser firmada por todas las partes y por el mediador. El mediador informa a las partes del carácter vinculante del acuerdo alcanzado y de la posibilidad de elevarlo a escritura pública, título ejecutivo que ofrece la máxima seguridad jurídica en nuestro Derecho. En caso de no llegar a un acuerdo, se procederá a redactar un acta final que deberá ser firmada por ambas partes. Aun así, las partes habrán avanzado en la comprensión del problema y muy frecuentemente ello posibilitará que en fases posteriores puedan llegar a acuerdos.
En 2017, la tasa de litigiosidad en España se situó en 126 pleitos por cada 1.000 habitantes, lo que representa cerca de 6 millones de casos.
La mediación notarial resulta mucho más económica que el procedimiento judicial ya que no se incurre en costes de procurador, ni en tasas judiciales, ni en una posible condena en costas.
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