Los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y del G20 llegaron a un acuerdo en diciembre de 2021 para una reforma fiscal integral que abordara los retos fiscales que plantea la digitalización de la economía. Poco después, la Comisión Europea publicó su propuesta sobre cómo transponer la reforma a la legislación de la UE.
El Parlamento está de acuerdo en líneas generales con las propuestas de la Comisión sobre el calendario de aplicación, pero los eurodiputados piden una cláusula de revisión del umbral a partir del cual una empresa multinacional estaría sujeta al tipo impositivo mínimo. También quieren que la Comisión evalúe el impacto de la legislación en los países en desarrollo.
«Por supuesto, un pacto nunca es perfecto y nadie estará plenamente satisfecho con él, pero es un acuerdo histórico […] Sobre todo, no debemos frenar este avance histórico», indicó la encargada de la propuesta, la francesa Aurore Lalucq, del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, en una reunión de la comisión que tuvo lugar el 20 de abril.
«Tenemos que seguir centrándonos en garantizar que este acuerdo vea la luz lo antes posible y que se aplique correctamente», añadió Lalucq.
Los eurodiputados llevan pidiendo reformas fiscales internacionales desde que, en la década de 2010, varios escándalos revelaron que muchas multinacionales trasladan sus beneficios a países en los que pueden tener pocos empleados y operaciones, pero donde disfrutan de un trato fiscal preferente.
Un ejemplo son las numerosas empresas digitales que tienen modelos de negocio en los que crean valor a través de la interacción entre su empresa y los consumidores en lugares donde no tienen presencia física o ésta es insignificante. En la práctica, las multinacionales que pagan menos impuestos, lo hacen a costa de los países que tienen dificultades para financiar la inversión o las prestaciones sociales.
Impedir el traslado de beneficios
La Comisión propuso en 2018 el paquete de «Una fiscalidad justa de la economía digital», pero la falta de un acuerdo general y el desacuerdo en el Consejo hicieron que algunos países de la UE diseñaran sus propios impuestos digitales nacionales, dando lugar a tensiones comerciales.
El acuerdo de la OCDE consiste en ofrecer dos soluciones a esta fragmentación. La primera se refiere a un criterio unificado para los derechos fiscales relacionados con las multinacionales más grandes y rentable. La segunda introduce un tipo mínimo de impuesto de sociedades del 15% para mitigar las prácticas de traslado de beneficios a jurisdicciones con una fiscalidad nula o muy baja.
La votación en el pleno conformará la posición del Parlamento sobre las medidas que deben ser incluidas en el acuerdo sobre el impuesto mínimo de sociedades en la legislación de la UE. La opinión del Parlamento deberá tenerse en cuenta cuando los Estados miembros en el Consejo adopten el texto final por unanimidad.
