El próximo 28 de mayo de 2023 está prevista la celebración de elecciones Municipales y elecciones a Cabildos Insulares canarios, en cumplimiento de lo señalado en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG); de elecciones a las Asambleas de Ceuta y Melilla, de conformidad con lo establecido en sus correspondientes Estatutos de Autonomía; y de elecciones a las Asambleas legislativas de determinadas Comunidades Autónomas (Aragón, Principado de Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Illes Balears, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Navarra y La Rioja), en aplicación de lo regulado en la correspondiente normativa electoral autonómica.
Además, está prevista la celebración de elecciones locales, de forma independiente, a Juntas Generales de los Territorios Históricos de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa y al Consejo General de Arán, según se contempla en la normativa electoral específica de dichas Instituciones, así como la elección de los miembros de los Consejos Insulares de Mallorca, Menorca e Ibiza, según se prevé en la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears.
Atendiendo a lo establecido en el artículo 134 de la LOREG y en la normativa electoral de las Comunidades Autónomas en las que se van a celebrar elecciones a la respectiva Asamblea legislativa, el Tribunal de Cuentas incluyó en su Programa de Fiscalizaciones para el año 2023, aprobado por su Pleno el 21 de diciembre de 2022, dentro del apartado correspondiente a fiscalizaciones a realizar en cumplimiento de un mandato legal, las siguientes:
Fiscalización de las contabilidades de las elecciones a la Asamblea de Extremadura de 28 de mayo de 2023.
Fiscalización de las contabilidades de las elecciones a la Asamblea Regional de Murcia de 28 de mayo de 2023.
Fiscalización de las contabilidades de las elecciones a las Cortes de Castilla-La Mancha de 28 de mayo de 2023.
Fiscalización de las contabilidades de las elecciones al Parlamento de Cantabria de 28 de mayo de 2023.
Fiscalización de las contabilidades de las elecciones al Parlamento de La Rioja de 28 de mayo de 2023.
Fiscalización de las contabilidades de las elecciones locales de 28 de mayo de 2023.
El Tribunal de Cuentas aprobará Informes de fiscalización diferenciados que recojan los resultados de las fiscalizaciones mencionadas que, de conformidad con lo dispuesto en la correspondiente normativa electoral aplicable, se remitirán, entre otros destinatarios, a las Cortes Generales y a las respectivas Asambleas legislativas autonómicas.
El Pleno del Tribunal, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 3.g) de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, ha aprobado las Directrices Técnicas a las que han de sujetarse los correspondientes procedimientos de fiscalización.
Por lo que se refiere a la fiscalización de las contabilidades relativas al resto de las elecciones, se realizará por los órganos de fiscalización externa competentes. En concreto, las elecciones a Juntas Generales de los Territorios Históricos y las del Consejo General de Arán serán fiscalizadas por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y por la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, respectivamente.
Asimismo, la fiscalización de los Consejos Insulares de las Illes Balears se efectuará por la Sindicatura de Cuentas de dicha Comunidad Autónoma. En cuanto a los procesos autonómicos, corresponde a los respectivos órganos de control externo de las Comunidades Autónomas la fiscalización de las elecciones a las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas de Aragón, Principado de Asturias, Canarias, Illes Balears, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Navarra.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 134.2 de la LOREG, el Tribunal de Cuentas se ha de pronunciar, en el ejercicio de su función fiscalizadora, sobre la regularidad de las contabilidades electorales presentadas por las formaciones políticas y, en el caso de que se hubieran apreciado en las mismas irregularidades o violaciones de las restricciones establecidas en materia de ingresos y gastos electorales, puede iniciar el procedimiento sancionador en los casos y en los términos establecidos en la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos (LOFPP), así como proponer la no adjudicación o reducción de la subvención pública a percibir por la formación política de que se trate.
En relación con esto último, y respecto de procesos electorales anteriores, en esta Instrucción se concretan propuestas adicionales para los casos en que se produzcan incumplimientos de las exigencias de la normativa -en concreto, los contenidos en los puntos D y E del subapartado 6.2 de la presente Instrucción-, con objeto de preservar la transparencia y legalidad en la financiación en línea con lo indicado en la Moción aprobada por el Pleno de la Institución el 27 de julio de 2021.
El Tribunal de Cuentas ha estimado conveniente elaborar la presente Instrucción -y publicarla en el «Boletín Oficial del Estado»-, con la finalidad de precisar los criterios técnicos a seguir en la fiscalización de las contabilidades relativas a los comicios anteriormente señalados, así como el alcance y los requisitos de la documentación contable y justificativa que ha de remitirse al Tribunal de Cuentas en cumplimiento de lo establecido en la normativa electoral, de modo que sean conocidos por las formaciones políticas, con objeto de facilitar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la normativa electoral.
