Son tres aspectos destacables los que se pueden extraer del anteproyecto:
Creación del Registro de Grupos de Interés.
Limitación para los altos cargos salientes.
Una ley comprometida con Europa.
El Registro de Grupo de Interés servirá para establecer quién puede ejercer esa actividad de manera legítima, el cual será gestionado por la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI), dependiente de la Secretaría de Estado de Función Pública y garantizará la transparencia y la integridad de las actividades que desarrollen estos grupos con aquellos a los que pretendan influir.
Para garantizar la transparencia se impondrán las siguientes medidas:
Todo aquel que quiera celebrar reuniones con los miembros de la Administración del Estado contemplados en el anteproyecto deberá estar registrado para ello.
Se introduce un sistema de huella normativa que consistirá en dejar constancia en la Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN) de los cambios introducidos en una disposición normativa por esa actividad de ‘lobby’ de personas físicas o jurídicas.
Deberán reflejarse las identidades del personal público y de los representantes de los Grupos de Interés que hayan protagonizado las reuniones que han afectado a la redacción normativa.
En relación a las limitaciones de los altos cargos salientes, se prevé que los mismos no podrán trabajar para ‘lobbies’ que formen parte del Registro de Grupos de Interés cuando finalicen su actividad pública de manera que, habiendo participado en la toma de decisiones, estarán obligados a no realizar durante dos años actividades profesionales de influencia sobre ninguna de las materias relacionadas con las competencias del departamento, organismo o entidad en el que se desempeñaban.
Por último, se destaca tal y como anuncia el Consejo de Ministros que este anteproyecto es una Ley comprometida por Europa porque forma parte de los compromisos adquiridos por España para la regulación de la actividad de los ‘lobbies’ ante la Comisión Europa, que emplazó en su Informe Estado de Derecho a llevar a cabo esta regulación.
Asimismo, sirve para asumir las peticiones del Consejo de Europa, que a través del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) solicitó más transparencia en las relaciones de los miembros del Gobierno con los Grupos de Interés y, además, hay que sumar las recomendaciones de los Principios de la OCDE, que reclamó un marco regulatorio que garantizara la transparencia e integridad de las actividades de quienes aspiran a influir en el personal de la AGE que participa en la toma de decisiones o en la elaboración de leyes y políticas públicas.
